Martes 19 de Mayo de 2009
Constancia de Voto Negativo
Al Proyecto de Ley # 242 de 2008 Senado, 138 de 2008 Cámara, “Por medio del cual se convoca a un Referendo Constitucional y se somete a consideración del Pueblo un proyecto de reforma Constitucional”
En mi condición de Senador de la República , anuncio mi voto negativo al proyecto de ley 242 de 2008 Senado por medio del cual se pretende habilitar la 2da Reelección del Presidente Álvaro Uribe Vélez. Dicho propósito reeleccionista supone en la práctica el desmonte en Colombia de la estructura autónoma y descentralizada de los Poderes Públicos consagrada en la Constitución Política a favor de una usurpación presidencialista por la vía de la convocatoria al referendo popular. En lo que se ha convertido en una verdadera ofensiva política por imponer en Colombia una aventura autoritaria que se ha construido sobre las bases de la corrupción, la denegación de justicia y la más generalizada manipulación de las conciencias, la voluntad popular y la opinión pública, con el ánimo de perpetuar un régimen político que ha convivido con el poder mafioso, la ilegalidad, el abuso corporativo, el terror y la violencia.
Tal es el saldo arrojado por la administración Uribe, en los últimos dos periodos de gobierno, que han significado la imposición del fraude electoral, la corrupción del legislativo, el montaje de un Estado policiaco paralelo a un paraestado terrorista y una ética colectiva que trafica permanentemente con la función pública a favor de los intereses particulares. Se frustró en este periodo bajo la iniciativa de la Presidencia de la República la posibilidad de construir en el Congreso una verdadera reforma política que abordará los profundas desviaciones de la democracia colombiana enquistadas por medio de la corrupción, el centralismo, el tráfico de influencias, el clientelismo y la utilización de la intimidación y la violencia como métodos del proselitismo político. Así quedará impreso en la conciencia de la nación que registra el impacto demoledor en la moral pública y la estabilidad política de las “parapolíticas”, las “yidispoliticas”, las infiltraciones de los organismos de seguridad por parte de agentes criminales, los contactos y reuniones en el propio Palacio Presidencial con delegados y representantes de grupos mafiosos y narcotraficantes, las investigaciones encubiertas abusivas e ilegales ordenadas presuntamente desde la sede del Gobierno Nacional a magistrados, periodistas, integrantes de la oposición, líderes sociales y sindicales. Quienes han sido objeto permanente del asedio, la intimidación, la persecución mediante montajes de todo tipo y la persecución política impulsada, dirigida, permitida y ejercida por agentes y agencias del Estado durante el ejercicio de gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Un modelo autoritario que ha impuesto un régimen económico y social que consagra la súper explotación del trabajo y el abuso del poder dominante de los gremios y el capital transnacional, que de la mano del ventajismo, el tráfico de influencias, la imposición del modelo neoliberal y las privatizaciones del patrimonio público; el territorio y los recursos estratégicos; han profundizado la miseria, la desigualdad y el hambre, en toda la nación. Así se han perdido irremediablemente en los últimos 8 años, las viviendas de más de 400 mil usuarios del sistema de crédito hipotecario; la salud de más de 18 millones de connacionales que no gozan de ninguna protección social; el trabajo de más de 100 mil servidores públicos, que han sido despedidos con la liquidación de entidades del Estado; los derechos de más de 5 millones de trabajadores colombianos que se encuentran en la informalidad y la tercerización laboral, impulsada sin tregua por la contrarreforma laboral de este Gobierno, a través del inhumano sistema de las cooperativas asociativas de trabajo, la reforma laboral y pensional y el desmonte del Sistema de Formación Profesional. De la misma manera se ha impuesto la privatización agobiante de la Educación , de las universidades públicas, el SENA y la atención a la niñez vulnerable. Modelo que a pesar de la anunciada implementación de una llamada “Revolución Educativa” no ha podido evitar que a la fecha más de 2.7 millones de niños en edad escolar no tengan acceso a la educación básica y primaria y que según la propia Procuraduría General de la Nación el 66% de los niños en Colombia no tengan acceso al disfrute efectivo del derecho a la Educación y que 1 de cada 2 estudiantes universitarios en Colombia, no culmine con éxito su formación superior. La reforma constitucional impulsada por el Presidente Uribe del Sistema General de Participaciones igualmente significó la pérdida de 45 billones de pesos de inversión pública en Salud y Educación, en estos años de Gobierno del Presidente Uribe Se ha consolidado la entrega de los patrimonios públicos representados en las 19 empresas industriales y comerciales del Estado, que prestan servicios públicos, que han sido liquidadas de forma arbitraria por este Gobierno para habilitar lucrativos negociados que entregan a millones de usuarios de acueducto, alcantarrillado, energía y servicios de telecomunicaciones a la explotación de los inversionistas y traficantes privados. Así mismo, la red energética nacional, las reservas de petróleo y gas, el agua, los ríos, los bosques los puertos, las tierras cultivables han sido concesionadas y entregadas a las transnacionales.
Conforme a este libreto del Gobierno Nacional se privatizó a ECOPETROL, se liquidó el Instituto de Seguros Sociales, se acabó con Telecom, se ampliaron las concesiones portuarias y aquellas de la red vial nacional a privados, se cerraron Hospitales Públicos, se acabó con la Orquesta Sinfónica Nacional, la Radiodifusora Nacional , los correos nacionales, se privatizaron las basuras y la política de protección del medio ambiente. Se frustró la voluntad popular sin vergüenza alguna en este Congreso controlado por las mayorías del Gobierno, al modificarse el Referendo por el Agua, en el más claro irrespeto por la soberanía que reside en el Constituyente Primario. En un modelo de desarrollo que se ha concebido para el pago de la deuda pública al capital financiero, a cualquier costo. Por esta vía se ha desangrado a la Nación durante los últimos 7 años, al cancelarse del Presupuesto de la Nación , más de 250 billones de pesos al capital financiero por concepto de esta deuda irracional, sin extinguir así las obligaciones de crédito del país, que a pesar de este descomunal desembolso, siguen acumulándose en contra de las finanzas del erario público.
A la par de este calamitoso proceso de desgobierno, ha avanzado una política sostenida de guerra definida desde las políticas públicas, que ha fracasado de forma evidente en la conquista de la seguridad ciudadana, la paz en el territorio y el control de la ilegalidad y el narcotráfico. Después de (8) años de implementación de la política de seguridad democrática, el país nunca había sido tan inseguro. La opinión pública internacional no sale aún de su asombro por la existencia de 1500 ejecuciones extrajudiciales denunciadas, cometidas presuntamente por integrantes del Ejército Nacional en asocio con una macabra red de secuestradores, en una conspiración criminal orquestada para producir reconocimientos oficiales y cobrar recompensas, mediante la desaparición forzada y asesinato de ciudadanos en estado de indefensión. En Colombia en este periodo se han registrado más de 3000 asesinatos atribuidos a los grupos paramilitares que participaron de las fallidas conversaciones de paz con el Gobierno Nacional y que culminaron en la extradición de los principales jefes de estas organizaciones al margen de la ley, cuyo prontuario delincuencial no se detuvo y cuyo gigantesco volumen de crímenes de lesa humanidad, aún no se han conocen a plenitud, como tampoco los responsables directos e indirectos de esta campaña de horror, que será recordada como el periodo más cruel y sanguinario de nuestra historia. Son más de cuatro millones de desplazados los que siguen huyendo en nuestro país, mas de cinco millones de hectáreas de tierra usurpadas, 9 mil desaparecidos, millares de detenidos políticos, los que siguen esperando justicia a pesar de un Gobierno que predica la seguridad; a la par de centenares de denuncias sobre discriminación, abusos y violaciones a los derechos humanos y a la ley penitenciaria, procesal y penal en las cárceles de Colombia. La Comisión de Derechos Humanos del Senado que presido ha constatado en este periodo y de primera mano, como regiones enteras como el departamento de Sucre y los montes de María, el nordeste antioqueño, norte de Santander, el magdalena medio, el sur de Bolívar, Arauca, el norte del Cauca, el bajo Ariari, el litoral pacífico y los cinturones de miseria del municipio de Soacha, sobreviven en medio de una zozobra absoluta, sometidas a las más grandes presiones y amenazas de grupos violentos, que en no pocas ocasiones actúan bajo el amparo oficial ó la conducta gravemente omisiva de las autoridades constitucionales, produciéndose un estado de terror colectivo inaceptable que ha causado un daño incalculable y ha desestabilizado el tejido social, el ordenamiento jurídico y a la sociedad en su conjunto.
Este Gobierno es el principal responsable - sin excusar con ello a la guerrilla - del fracaso durante esta administración de una política civilista de intercambio humanitario de las personas privadas de su libertad por ocasión del conflicto armado, no internacional, que se vive en Colombia.
Igualmente, debo pronunciarme por mi región del sur occidente de Colombia que ha visto como en estos años, la política del Gobierno Nacional, dirigida por el Presidente de la República ha impuesto una agenda de negociados, privatizaciones y de abuso autoritario del poder. Se amplió la concesión portuaria del puerto de Buenaventura, privatizando el modelo de desarrollo del litoral pacífico y condenando al desplazamiento y a la pobreza extrema a la población. Se ha perseguido de manera cruenta y sin justificación alguna desde la propia Presidencia de la República al movimiento indígena del Norte del Cauca y sus autoridades tradicionales; se mantiene una política sobredimensionada de apoyo a la agroindustria del azúcar y su modelo de desarrollo basado en el poder del latifundio, el monocultivo y el subsidio intensivo de los agro combustibles, mientras sus trabajadores ni siquiera tienen un contrato de trabajo, conforme a la ley laboral y los enunciados, principios y derechos consagrados en la Constitución Política que amparan el valor del trabajo. Se ha sostenido una ignominiosa intervención presidencial de las Empresas Municipales de Cali, como una plataforma de negociados y especulación privada con los activos y el mercado de los Servicios Públicos domiciliarios en el área metropolitana, concomitante con el deterioro de la prestación del servicio, que hoy por hoy, ha generado un vasto rechazo ciudadano en la capital del Valle del Cauca. En la misma línea, se liquidó por orden presidencial la Empresa de Aseo de Cali, EMSIRVA EICE ESP, en una decisión arbitraria e injusta que destruyó el patrimonio público del municipio para montar en el modelo de aseo de la ciudad, un negocio de más de 250 mil millones de pesos, a favor de los concesionarios privados. Se implementó el proyecto de Transporte Masivo para Cali por fuera de los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial y sus disposiciones en torno al desarrollo urbanístico, social y paisajístico y con sobrecostos por valor superior a los 500 mil millones de pesos a cargo de la ciudadanía de Cali, en un modelo que priorizó desde el Gobierno Nacional el montaje de los negocios privados en la concesión del transporte masivo antes que el desarrollo armónico e integral de la ciudad.
Tal ejercicio de Gobierno, no solamente ha resultado traumático para el sur occidente del país, sino que ha sido el escenario en el cual, el Presidente Álvaro Uribe Vélez ha desatado una campaña de persecución política a aquellos que como en mi caso, nos oponemos a este proyecto y a la manera como se ha ejercido el poder, en función de sus objetivos. Es por ello que denunció igualmente, que tanto yo, como mi equipo parlamentario, los defensores de derechos humanos, activistas e integrantes de la oposición política así como la dirección de los movimientos indígenas, sindicales y sociales, de nuestra región y de todo el país, nos encontramos gravemente amenazados por el abuso y la extralimitación del poder, ejercido desde la Casa de Nariño; el cual ha utilizado todos los medios a su alcance, para intentar intimidar y neutralizar a sus opositores. Medios que no se corresponden en muchos casos, ni con la dignidad de la institución presidencial ni presuntamente con sus atribuciones, facultades y el ejercicio legal y regular del cargo.
Por todo lo anterior, ratifico ante la Plenaria del Senado de la República , mi voto negativo a la pretensión de aprobar el mencionado proyecto de ley, que sin lugar a dudas, significaría no solamente un proceso inatajable de desinstitucionalización de la Nación sino además su tránsito cierto hacia un estado de dictadura.
Alexander López Maya
Senador de la República
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